¿Es posible pagar el alquiler en efectivo según la nueva legislación de vivienda?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su preocupación acerca de la Ley de Vivienda de 2023. A pesar de ser promulgada como una legislación destinada a regular las relaciones contractuales entre arrendadores e inquilinos en beneficio social, la OCU considera que, en lo que respecta a los pagos de alquiler, establece medidas que pueden considerarse “discriminatorias”.

La OCU argumenta que la Ley de Vivienda prohíbe el pago del alquiler en efectivo, lo cual, según los consumidores, podría ser una medida “discriminatoria” que afecta a la libertad de elección del consumidor. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, utiliza una técnica legislativa que podría resultar poco clara al modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta modificación obliga al uso de “medios electrónicos” para el pago de la renta, con la excepción de permitir el pago en efectivo cuando una de las partes no tenga cuenta bancaria o acceso a dichos medios electrónicos de pago.

Controversia entre la nueva Ley de Vivienda y los consumidores (OCU) La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios modificó su artículo 47 el año pasado para considerar como una infracción la “negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Según la OCU, estas modificaciones en la Ley de Vivienda entran en conflicto con esta normativa.

Además, esta situación también parece estar en conflicto con el Código Civil, que permite el pago de deudas con moneda de curso legal, así como con el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que establece al euro como la moneda de curso legal de todos los Estados miembros y, por lo tanto, capaz de satisfacer deudas.

“La normativa afecta a la libertad del consumidor” La OCU argumenta que esta normativa de la Ley de Vivienda, que supuestamente busca proteger la accesibilidad y evitar la discriminación, “afecta directamente a la libertad de elección del consumidor”. Aseguran que no existen razones de interés público que justifiquen esta restricción, ya que el efectivo ofrece inmediatez y disponibilidad que la tecnología no siempre puede garantizar, especialmente ante cortes en el suministro eléctrico o problemas en las redes de comunicación, así como riesgos de estafas digitales como el phishing.

Según la OCU, esta medida podría discriminar a las personas en situaciones más vulnerables y con menor acceso a la tecnología, pudiendo afectar a 1.400.000 personas en riesgo de exclusión financiera.

El dinero en efectivo sigue siendo la forma de pago preferida Un estudio del Banco de España revela que el 82% de la población española se opone a la desaparición del dinero en efectivo, ya que sigue siendo el medio de pago más utilizado en el país (99%), seguido de las tarjetas de crédito/débito (86%). La OCU señala que el efectivo es el método de pago más aceptado por la población y fomenta la “inclusión financiera” al permitir un mejor control del gasto familiar y evitar cargos por mantenimiento de cuentas corrientes y comisiones, entre otros beneficios.