«Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble», un manual «eminentemente práctico» Libro recomendado.

Aunque la izquierda política y mediática intenta minimizar el problema de la okupación en España, la realidad es que cada vez hay más víctimas de esta situación. Al conocido como okupa de patada en la puerta, se ha sumado en los últimos años el inquiokupa, aquel que alquila una vivienda, deja de pagar y se niega a abandonarla. Este manual, publicado por Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, está dirigido a esas víctimas, así como a sus abogados y a las fuerzas de seguridad. Incluye modelos específicos de denuncia y recursos para situaciones concretas.

Editado por La Ley, «Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble» es «un manual eminentemente práctico sobre uno de los problemas más graves de la actualidad, que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra él. La sociedad siente que hay una absoluta impunidad detrás de este fenómeno».

En una entrevista en La Trinchera de esRadio, el magistrado ha denunciado que «la Ley de Vivienda ha perdido una gran oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo». Explica que en países como Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, «esto se resuelve en 72 horas, como debería ser».

Las cifras son alarmantes. Mientras que en otros lugares se produce la expulsión inmediata, en España los procesos pueden alargarse durante años, alentando así el fenómeno que afecta a miles de personas anualmente. «En España, hay 40 okupaciones al día, sumando un total de 16.000 delitos de okupación al año», asegura Magro. «¿Cómo no va a ser grave que vuelvas a tu casa y encuentres la cerradura cambiada y a unas personas dentro?», se pregunta indignado. Además, hay que sumar las inquiokupaciones, que normalmente no se incluyen en las estadísticas oficiales porque se consideran un mero impago de la renta.

El magistrado sugiere que los propietarios podrían denunciar estas últimas por la vía penal, lo que permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata. «Si pago la fianza, el primer mes y dejo de pagar el segundo, desde mi punto de vista es una estafa», argumenta Magro, señalando que el Tribunal Supremo ya está diferenciando este delito del incumplimiento contractual. «Cuando contrato con la intención de incumplir, es una estafa», sentencia.

La vulnerabilidad es otro tema polémico. Los informes de vulnerabilidad que paralizan los desahucios durante años muchas veces son utilizados por personas que cobran en negro. «La vulnerabilidad debe averiguarse», insiste Magro, quien considera que «la Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta», algo que ocurre con frecuencia. Propietarios denuncian que Servicios Sociales concede la vulnerabilidad por teléfono sin verificar nada.

«Por eso, muchos juristas reclamamos una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y operadores jurídicos», afirma Magro. «Devolver la confianza a los ciudadanos para invertir en vivienda y permitir que aquellos que quieran alquilarla con honradez también puedan hacerlo» es fundamental. «Si no se hace bien, los precios suben, porque los propietarios solo quieren alquilar a personas con solvencia acreditada», advierte.

El magistrado critica la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que «establece una protección desmesurada al inquilino», desalentando la inversión en el sector. «La gente ya no ve rentable comprar un piso para alquilarlo si luego no pagan y pueden estar hasta 3 años sin poder recuperar la posesión».

Magro insiste en que «es necesaria una política de vivienda que proteja a ambas partes, arrendador y arrendatario», y que obligue a las administraciones a buscar alternativas habitacionales para los okupas vulnerables en un plazo determinado. «Si en un mes no encuentran una alternativa, yo los expulso», defiende Magro, señalando la injusticia de convertir a los pequeños propietarios en el «escudo social» del Gobierno.

Para enfrentar a los okupas de patada en la puerta, el magistrado propone soluciones: desde protocolos de autoprotección en las comunidades de vecinos hasta clarificar la legislación para que la Policía sepa cómo actuar. Por ejemplo, ante un delito flagrante, los agentes pueden expulsar a los okupas sin autorización judicial. «¿Cuál es el plazo de flagrancia? Si entran a las 8 de la mañana y yo llego a las cuatro de la tarde, ¿es flagrancia? Yo entiendo que sí, pero la Policía necesita una ley integral que clarifique esto».

Los agentes deben también conocer las tretas de los okupas, como la «técnica del Telepizza», para demostrar que llevan más de 72 horas en el inmueble. Magro sugiere que los agentes busquen una «contraprueba», como un sistema de alarmas que registre la hora de entrada. También es importante el testimonio de otros vecinos, destacando la necesidad de protocolos de autoprotección para concienciar a la comunidad de la importancia de denunciar. «Si el que llama es un vecino neutral y dice que acaba de ver entrar a unas personas, la Policía tiene un salvoconducto», concluye.