Cerrar apartamentos turísticos, la última idea “genial” para frenar los estragos de decisiones erroneas tomadas con anterioridad

Cerrar los apartamentos turísticos no será tan fácil como sugieren los recientes anuncios políticos. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a eliminar todos estos pisos en cinco años, el Gobierno de Sánchez estudia modificar la ley para que los Airbnb no puedan operar en comunidades donde vivan vecinos. Sin embargo, estas medidas podrían tener efectos legales y económicos no previstos por sus impulsores.

A nivel legal, los juristas advierten que no es posible cerrar todos los apartamentos en cinco años, como pretende el alcalde barcelonés, el socialista Jaume Collboni. Prevén retrasos de al menos cuatro años con respecto al calendario anunciado y anticipan una lluvia de demandas por parte de los propietarios afectados, que reclamarán indemnizaciones ante lo que consideran una expropiación de sus licencias, que proporcionan una rentabilidad económica a sus inmuebles.

En el plano económico, las consecuencias serían una pérdida de puestos de trabajo y de actividad comercial derivada de los turistas que optan por estos alojamientos. Este sector desaparecería de los destinos afectados, cediendo el monopolio del turismo a los hoteles. Más allá de esta menor competencia, uno de los objetivos de estas medidas, mejorar el acceso a la vivienda, tampoco es realista, ya que la proporción de los pisos turísticos sobre el parque residencial total es mínima.

Según la patronal catalana de pisos turísticos, Barcelona perderá 1.555 millones de euros si se implanta esta medida, que solo liberará un 3% de las viviendas de la Ciudad Condal. Las fuentes consultadas sospechan que la decisión no busca corregir la emergencia habitacional, sino complacer al electorado joven y de izquierdas, que apoya este tipo de iniciativas, además de alinearse con los empresarios hoteleros, a quienes Collboni ha entregado la gestión turística municipal, en un giro respecto a las políticas de su predecesora, Ada Colau.

Y todavía hay un tercer grupo al que el socialista podría estar buscando satisfacer con el anuncio de cierre de apartamentos, motivado por un gesto del Partido Socialista a Esquerra Republicana, que son los que realmente quieren eliminar la vivienda turística para conseguir sus votos y que el candidato socialista sea el nuevo presidente de la Generalitat.

Es una decisión muy temeraria y con graves consecuencias que augura un empobrecimiento de las familias que complementaban sus ingresos con los de un Airbnb. También van a aflorar los apartamentos ilegales y el dinero B,  y puede que se paralicen aún más las inversiones para construir vivienda en Barcelona, y que haya una batería de demandas por parte de los propietarios de los pisos contra esta resolución.

Jurídicamente, no tiene ni pies ni cabeza, la solución tendría que ser fomentar más vivienda social desde el ayuntamiento con medidas efectivas para mejorar la oferta de vivienda, pero prohibir es una medida de patio de colegio: no me dejas jugar, pues te quito la pelota.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2028. Collboni debe esperar nueve años y se ve inviable aprobar una ordenanza que elimine todo un sector económico. Además, lo que la nueva ley catalana contra los pisos turísticos permite a los municipios es limitar el número de apartamentos, pero en ningún caso eliminarlos. Tampoco le parece realista el plazo de cinco años, pues este es el tiempo que da la ley a los propietarios para pedir la renovación de su licencia, pero transcurrida esta fecha podrían acogerse a una nueva prórroga de cuatro años, lo que implica que Collboni no podrá cerrar un solo piso turístico legal hasta dentro de nueve años en caso de que aún mantuviese la alcaldía.

Más allá del caso barcelonés, ante la posible regulación del Gobierno para toda España, más que prohibir, lo que se debería hacer es legislar correctamente, ya que este tipo de medidas solo tienen efecto a nivel electoral. Cuando se reduce expresamente la rentabilidad económica de una propiedad, su titular puede reclamar indemnización y que, si bien la ley permite que actualmente las comunidades de vecinos veten la apertura de nuevos apartamentos turísticos, no lo puedes aplicar de forma retroactiva para cerrar los que ya están operando.

Que no haya pisos turísticos va en la línea de satisfacer a una parte muy concreta de la población local, que recuerda que en destinos masificados como Cataluña las tensiones entre residentes y visitantes van en aumento. Sin embargo, cree que tampoco se han fomentado otros tipos de viajes más sostenibles y respetuosos con la comunidad local, como el intercambio de casas o el alquiler de habitaciones en pisos donde residen sus propietarios.

Las pocas medidas que se han tomado han quedado en anécdota, como proteger al comercio antiguo para que no desapareciese, por otro lado, se persiguió a bulto a aquellos que de verdad eran colaborativos, que compartían alguna habitación y vivían allí, a pesar de que “esos propietarios supervisaban el comportamiento de los inquilinos, frente a los bloques enteros de apartamentos que el vecino que queda allí ve su vida dificultada. Ante esta situación, hay que cuidar a un sector que salva la economía general sin dejar de atender las externalidades negativas que carga sobre el residente.

El problema es que lo que se hace en Cataluña, suele ser la antesala de lo que este gobierno aprueba más tarde, para contentar a minorías que no representan a casi nadie, con consecuencias nefastas al día de hoy, como la ley de alquiler tradicional, que ha destrozado el mercado dejando a miles de personas sin posibilidad de encontrar alquiler.

Una posible solución, a la que ya vamos tarde, sería el poder aprobar una carga máxima de este tipo de alojamientos, en cada población, de forma que por encima de esas licencias no se adjudeique ninguna más, y que las mismas sean devueltas a la administración, una vez que ya no se utilicen, y no haya posibilidad de traspaso y ocurra como con las licencias de taxis, que a día de hoy son una carga en el debe de los ayuntamientos, y que no deja que las nuevas plataformas online de transporte puedan crecer como sería necesario, dejando al cliente a merced de tarifas abusivas por parte de los taxis que a su vez están ahogados por unas licencias compradas a antiguos taxistas o a ayuntaientos, que son a su vez abusivas.