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Durante años, el movimiento de ocupación ilegal, conocido como «okupa», ha sabido cómo invadir casas y tomar posesión de ellas aprovechando los vacíos legales existentes en España. El problema de la «okupación» no deja de crecer en España, y por eso los partidos mas conservadores, prometen implementar desahucios exprés en 24 horas, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Alemania, donde esta solución ya está en funcionamiento. En este contexto, surge la pregunta: ¿cómo se aborda este fenómeno social en otros países europeos?
Alemania
En Alemania, el desalojo se produce dentro de las 24 horas siguientes a que el propietario tenga conocimiento de la ocupación y presente una denuncia ante la policía, según informa El Economista. La justicia alemana castiga este delito con penas de cárcel de hasta un año, que pueden ir acompañadas de una multa. En caso de que se produzca violencia o la ocupación involucre a una multitud, la pena podría aumentar hasta dos años. Además, es importante destacar que si el inmueble ocupado se encuentra en mal estado después del desalojo, el propietario está obligado a realizar las obras de rehabilitación necesarias.
Reino Unido
En el Reino Unido, la ocupación ilegal se castiga con penas máximas de 51 semanas de cárcel y multas de hasta 5.700 euros. Además, la policía puede ingresar a la vivienda para proceder al desalojo si tiene sospechas, sin necesidad de obtener autorización judicial. Los propietarios cuentan con dos alternativas: presentar una denuncia directa por posesión ilegal o completar un formulario de «orden de posesión interna». Una vez presentado, si los ocupantes no abandonan la propiedad en un plazo de 24 horas, pueden ser encarcelados.
Francia
En Francia, la ocupación ilegal es considerada un acto ilegal y se castiga con un máximo de tres años de prisión, además de una multa de hasta 45.000 euros, según una ley recientemente aprobada por el Parlamento francés. En cuanto a los plazos de desalojo, si este se realiza en menos de 48 horas, el propietario puede alertar a la policía, la cual está autorizada para expulsar a los ocupantes de inmediato, sin necesidad de obtener el permiso de un juez. Si transcurre más tiempo, el propietario debe presentar una denuncia y el desalojo se llevará a cabo cuando un juez lo autorice, en un proceso rápido.
Italia
En el caso de Italia, los propietarios deben presentar una denuncia ante la policía y posteriormente se llevará a cabo un juicio rápido, tras el cual la policía puede proceder a la expulsión y desalojo de los ocupantes. La ocupación ilegal se castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa que oscila entre los 103 y los 1.032 euros, aunque estas penas pueden aumentar en caso de que se haya utilizado violencia o armas durante el desalojo.
En España, sin embargo, el fenómeno, que no para de crecer, es negado por el bloque progresista, que trata de quitarle hierro, pero sin embargo, desde el principio ha tratado de proteger a los okupas, con leyes cada vez mas laxas y que dejan al propietario a merced de una justicia hundida en huelgas, desorden y anquilosamiento.