La nueva Ley de Vivienda de uso turístico, un nuevo decreto de la Junta, que deja todo en manos de los demás

Las autonomías se ven desbordadas por la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). Este auge en la oferta española resultó sorprendente, obligando a implementar legislación de manera inminente.

Aquí en Andalucía, esta semana se ha introducido un nuevo decreto. La normativa, insatisfactoria para casi todos, plantea incertidumbres sobre su efectividad al trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos. Este decreto podría mitigar el exceso de viviendas turísticas en áreas centrales, es necesario adaptarse a la realidad actual. La ley no tiene efecto retroactivo y no se puede cambiar lo que ya existe, pero ajustarse al entorno y regular el crecimiento en zonas saturadas, es necesario.

Lo ayuntamientos deberán elaborar ordenanzas municipales que impulsarán restricciones específicas o propondrán modificaciones en su planificación urbanística.

Analizando los detalles del decreto

La Junta de Andalucía alega la necesidad de establecer limitaciones al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, períodos, área o zona por “razones imperiosas de interés general”. Se introducen nuevos requisitos en comparación con el decreto 28/216, de 2 de febrero, relacionados con la prestación del servicio turístico de alojamiento de viviendas, “en concordancia con la normativa europea y nacional que regula los principios de libre acceso al mercado”.

A los hoteleros de la Costa del Sol, que concentran el 50% de las viviendas turísticas de Andalucía, les hubiera gustado que el decreto fuese “más ambicioso”, tildándolo de “posibilista”. Aunque reconocen que otras normativas autonómicas han sido más profundas, también señalan que estas han sido invalidadas por jueces.

La patronal hotelera costasoleña, menciona que el decreto actual mejora significativamente al anterior, pero también destaca que el fenómeno de las viviendas turísticas llegó para quedarse. El crecimiento exponencial de estas, también plantea desafíos relacionados con la falta de viviendas para empleados de establecimientos turísticos y la pérdida de autenticidad en zonas céntricas de las ciudades.

La falta de inspectores de la Junta de Andalucía para sancionar viviendas de uso tursitico, que no cumplan la normativa es una queja fundamental. En una comunidad autónoma, líder nacional en este tipo de alojamiento, se celebra cómo el decreto define la figura del gestor profesional. La necesidad de contar con un detector de ruidos, una herramienta objetiva para los usuarios que no respeten la convivencia, es bienvenida en el sector. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, además, destaca la importancia de un modelo sostenible y subraya que el decreto no busca prohibir, sino ordenar el territorio, dejando la responsabilidad a los ayuntamientos.

La Junta de Andalucía podría haber sido más decidida en el decreto, aunque la situación de Málaga difiere de otras provincias. Es necesario considerar la situación de cada municipio, y se ha pasado muy ligeramente para el tiempo que ha llevado regularlo.

El presidente de los Administradores de Fincas, lamenta que en términos legislativos, no se ha hecho nada extraordinario, aunque el decreto no aborda la masificación de las viviendas de uso tursitico, la gentrificación y las subidas de precios, sí establece instrumentos jurídicos para que los ayuntamientos lo regulen.

También se duda de la capacidad del servicio de inspección de la Junta de Andalucía ya que no hay suficiente personal, lo que deja la imagen del turismo de Andalucía en manos de la buena fe de los propietarios para cumplir con las obligaciones, lo que deja en mal lugar el propio decreto, y en manos de los ayuntamientos que sirva para algo.