El gobierno, está preparando una nueva ley de Crédito Hipotecario, y tiene pensado traspasar a las entidades todos los gastos de notaría y registro necesarios para firmar una hipoteca, así como los ligados a los gastos de tasación.
Algo que sin estar legislado como tal, si que es verdad que los juzgados se estaban encargando de devolver a los clientes de los bancos.
La mayoría parlamentaria respalda al menos dos de esos puntos, con lo que es seguro que pronto las entidades tendrán que asumir nuevas cargas.
La ponencia que se está encargando del estudio y redacción de esta nueva ley, asegura que la intención es que la banca cargue con el 100% de los dos primeros gastos (notaría y registro), pero, parece que en el caso de los gastos de tasación, los miembros de la comisión no cuentan con tanto consenso. La razón que ha esgrimido el Partido Popular y ha sido bien recibida por Ciudadanos es que el cliente puede llevarse a otro banco esa tasación en caso de que decida cambiar la hipoteca. Una razón de peso para que los prestatarios sigan asumiendo este coste.
El sector financiero, puede de todas formas, estar contento, ya que propuestas, como la de Podemos, de promover la dación en pago tienen poco recorrido. Asumir esta exigencia supondría un varapalo para las entidades, que reducirían al máximo la concesión de hipotecas, con unas consecuencias nefastas para la economía y los ciudadanos.
La Comisión del Congreso quiere acelerar este proyecto de ley, conocido como Ley Hipotecaria, no sólo por el revuelo que ha generado el Tribunal Supremo en el mercado hipotecario sino por aprovechar y mostrar su mano dura con la banca. También porque si la ley no se aprueba pronto, España afronta una multa de más de 105.000 millones de euros diarios por el retraso del Congreso en trasponer unas directivas de la Unión Europea para el mercado hipotecario.