El Poder Judicial advierte que el Gobierno de la nación, no tiene autoridad para imponer decisiones a las comunidades en materia de vivienda

Con todo lo que se está hablando sobre la nueva ley aprobada hoy, y resulta que este gobierno, pasa por alto el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, en el que se subrayan las competencias autonómicas en materia de vivienda.

Un informe resalta las competencias de las comunidades en relación a la Ley de Derecho a la Vivienda A pesar de haber transcurrido más de un año, la Ley de Derecho a la Vivienda llega al Congreso con un informe preceptivo, no consultivo, del Consejo General del Poder Judicial. Este documento fue aprobado por el órgano el 27 de enero de 2022, después de que se rechazara un primer informe elaborado por el ponente y exdiputado socialista, Álvaro Cuesta.

Tras no alcanzar un acuerdo, y con 15 votos en contra y 6 a favor, el CGPJ delega la competencia del estudio del anteproyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda y días más tarde, el resultado de esta votación fue de 15 votos a favor y 6 en contra, según fuentes del Consejo.

Este informe, consta de 63 páginas y evalúa las consideraciones y recomendaciones. El texto subraya la importancia de respetar las competencias de las comunidades autónomas y advierte sobre las consecuencias del intervencionismo administrativo y de la superposición legislativa del Estado sobre las comunidades, dado que muchas de ellas ya tienen un marco normativo establecido. También señala las previsiones redundantes y alerta sobre el riesgo de que las competencias autonómicas se vacíen en aras de una igualdad que puede verse afectada por una pretendida función armonizadora.

En las Consideraciones Generales se destaca que “la intervención estatal no puede agotar la regulación de la materia, en este caso, la de vivienda, ni tampoco el derecho del artículo 47 de la Constitución Española, sino que debe ser la mínima necesaria para lograr el objetivo que legitima su uso y para que las comunidades autónomas puedan desplegar sus políticas propias en la materia”.

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“La vivienda es una materia de competencia autonómica” El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Derecho a la Vivienda recalca que la regulación de esta materia debe tener una interpretación restrictiva para no limitar las competencias autonómicas legítimas (SSTC 29/1986, FJ 4, y 141/2014, FJ 5). En las conclusiones del informe, se enfatiza que “la vivienda es una materia de competencia autonómica, según el artículo 148.1.3º de la Constitución y los estatutos de autonomía. Cada comunidad autónoma es responsable de regular y desarrollar políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Constitución, de acuerdo con la orientación política mayoritaria en cada una de ellas y sin perjuicio de las competencias del Estado en esta materia”.

Incluso en casos de expropiación, el informe del CGPJ se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987 de 26 de marzo, FJ 6, que señala que corresponde a las comunidades autónomas, y no al Estado, definir legalmente los casos en que se puede hacer uso del instrumento expropiatorio, respetando siempre la legislación general del Estado que garantiza los derechos patrimoniales de los sujetos privados.