Casa 47: mucha estructura, poco alquiler y un portazo en la cara para quien busca vivienda

El Gobierno presenta Casa 47 como una respuesta al problema del acceso a la vivienda. Un proyecto de alquiler asequible, público y permanente que, sobre el papel, debería servir para aliviar a quienes no pueden asumir los precios del mercado libre. El problema es que, cuando se mira más allá del titular, los datos dibujan una realidad muy distinta: una estructura costosa, una oferta limitada y una utilidad muy cuestionable para las zonas donde el alquiler está realmente disparado.

Según publica OKDIARIO, Casa 47 dedica más de 4,5 millones de euros anuales al pago de salarios de una plantilla de 112 personas, incluyendo una dirección cuyos nueve miembros perciben en conjunto alrededor de 800.000 euros al año. Todo ello para gestionar, por ahora, unas 645 viviendas.

Es difícil no plantearse una pregunta elemental: ¿de verdad hacía falta crear una estructura de más de cien personas, con una factura salarial multimillonaria, para poner en marcha poco más de seiscientos alquileres? ¿No es suficiente la red de inmobiliaria que ya existe en nuestro pais? Da que pensar en que no es más que otro chiringuito donde enchufar a más acólito.

En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, donde los jóvenes retrasan su emancipación, las familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler y la oferta escasea en las ciudades, esta desproporción resulta indignante. No se trata de cuestionar que los servicios públicos necesiten profesionales. Se trata de exigir que cada euro público tenga una traducción real en soluciones para los ciudadanos.

Y, de momento, Casa 47 no parece estar a la altura de ese objetivo.

La primera convocatoria reúne 638 viviendas en 42 municipios, según el análisis de idealista/news. Solo 32 viviendas se encuentran en capitales de provincia. No hay ninguna oferta en Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga: ciudades donde miles de personas compiten por una oferta insuficiente y afrontan rentas que, en muchos casos, se han convertido en inasumibles.

La mayor parte de la oferta se encuentra en municipios pequeños y alejados de los principales centros de empleo, estudio y servicios. Más del 80% de los municipios incluidos tiene menos de 50.000 habitantes. Que también se impulse vivienda asequible fuera de las grandes ciudades es positivo; nadie debería quedar excluido por vivir en una localidad pequeña. Pero vender esta iniciativa como una respuesta a la crisis del alquiler mientras se deja fuera a los principales mercados tensionados es, como mínimo, una enorme incoherencia.

Porque la vivienda asequible no puede ser una etiqueta. Debe ser una solución real.

Y una solución real exige volumen, ubicación y precios acordes a los ingresos de la población. No basta con sacar viviendas al mercado si están donde la necesidad es menor o si los precios plantean dudas sobre su verdadera accesibilidad. El mismo análisis de idealista señala que algunas rentas superan los 1.000 euros mensuales. En determinados municipios, además, se advierte de que el esfuerzo económico para los hogares puede superar el 35% de sus ingresos.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De alquiler asequible o de alquiler público con un nombre atractivo?

Lo más preocupante es la sensación de que se ha priorizado la creación de un aparato administrativo antes que la puesta a disposición efectiva de viviendas. Se han destinado recursos a estructura, dirección, plataforma, atención telefónica y gestión, mientras la oferta inicial es testimonial frente a la dimensión del problema. Un portal no resuelve la crisis de vivienda. Una web no baja alquileres. Un organismo nuevo no sirve de nada si no es capaz de movilizar viviendas suficientes, en los lugares adecuados y con precios realmente accesibles.

La ciudadanía no necesita más anuncios ni más fotografías institucionales celebrando la inauguración de una plataforma. Necesita resultados: pisos disponibles, procesos transparentes, alquileres que no expulsen a las familias de sus barrios y una gestión eficiente de los recursos públicos.

Destinar más de 4,5 millones de euros al año a salarios para gestionar poco más de seiscientas viviendas es una vergüenza si no va acompañado de un crecimiento rápido, verificable y proporcional de la oferta. Y si la prioridad sigue siendo sostener una estructura antes que llenar el mercado de vivienda pública útil, Casa 47 corre el riesgo de convertirse en otro símbolo de la distancia entre el discurso político y la realidad que viven quienes buscan un hogar.

La vivienda no necesita más burocracia cara. Necesita viviendas.
Menos despachos, menos propaganda y más llaves en manos de quienes las necesitan.