El intervencionismo estatal: la receta perfecta para destruir el mercado del alquiler

Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo y los datos de cierre de 2025 no hacen más que confirmar el desastre: meter la mano en el mercado inmobiliario tiene consecuencias nefastas. La obsesión del Gobierno por controlar los precios y declarar “zonas tensionadas” ha provocado lo que cualquier persona con sentido común preveía: un desplome histórico de la oferta de alquiler permanente.

No es casualidad que las ciudades donde más se ha perseguido al propietario sean precisamente las que hoy tienen menos pisos disponibles. Pamplona lidera este ranking del despropósito con una caída del 26%, seguida de cerca por A Coruña (-21%) y Lleida (-20%). En plazas clave como Barcelona y San Sebastián, la oferta ha caído un 15%. Es matemático: a más intervención, menos vivienda para las familias que buscan un hogar estable.

El trasvase forzoso al alquiler de temporada

Cuando asfixias el alquiler convencional con topes de precios e inseguridad jurídica, el mercado busca una salida para sobrevivir. Los datos son demoledores: mientras el alquiler de toda la vida se hunde en las zonas intervenidas, el alquiler de temporada se ha disparado un 36% en toda España. Ya representa el 29% del mercado total.

En Barcelona, la situación es surrealista: el 64% de las viviendas que se anuncian ya son de temporada. Le siguen Girona (49%) y San Sebastián (46%). Esto no es una elección libre de los propietarios, es una respuesta desesperada ante un Gobierno que ha convertido el alquiler de larga duración en una actividad de alto riesgo. Al final, los más perjudicados son los ciudadanos que necesitan un contrato de cinco o siete años y se encuentran con un mercado copado por estancias cortas porque el Estado ha dinamitado la confianza.

Libertad vs. Control: los datos no mienten

La comparativa es odiosa para los defensores del control de precios. En los mercados donde se ha permitido que la oferta y la demanda respiren, la situación es radicalmente distinta. Madrid ha visto crecer su oferta un 5%, Valencia un 6% y Sevilla un 13%. Incluso en ciudades como Cáceres o Ávila, los incrementos superan el 50%.

La conclusión es clara: la oferta solo se recupera donde no hay intervención. Los mercados con topes de precio siguen destruyendo stock de forma sistemática. Mientras el Gobierno siga empeñado en tratar a los propietarios como el enemigo y en ignorar las leyes básicas de la economía, el acceso a la vivienda seguirá siendo un calvario. No se soluciona un problema de escasez prohibiendo que los precios suban; se soluciona dando seguridad y fomentando que haya más pisos en el mercado. Todo lo demás es propaganda que acaba pagando el inquilino.

Inseguridad y dejadez jurídica: el fondo de todo

Pero el fondo de todo esto es en realidad lo que las administraciones no son capaces de ver o no quieren. La inseguridad a la que un propietario se expone cada vez que firma un contrato de alquiler. La balanza, totalmente inclinada a la parte arrendataria. Los juzgados incapaces de dar una respuesta medianamente rápida a los problemas de ocupación, impagos… Hacen que el panorama sea cada vez más desolador para quienes necesitan una vivienda y no puieden acceder a una, cada vez más imposible hipoteca.

En resumen, la administración está en la estrategia del avestruz, tratar de que los propietarios solucionen el problema de la vivienda, sacrificando sus propiedades y su economía, mientras la administración  esconde la cabeza, tanto para contentar a sus socios antisistema, como a esos inquilinos llamados “vulnerables”, que en su mayoría no lo son, y esperar a que algo de lo que ocurre, se solucione solo, como por arte de magia.