Una casa con ruedas y una petición de cárcel: ¿dónde queda el sentido común?

Hay noticias que me cuesta entender. Un vecino de Casabermeja, en Málaga, se enfrenta a una petición de 15 meses de prisión por colocar una casa móvil en una parcela de su propiedad. Y lo primero que pienso es: ¿de verdad no hay una forma más razonable de abordar estas situaciones?

Conviene aclarar algo importante: no hay una condena, sino una petición de la Fiscalía, y el caso está pendiente de juicio, según la información publicada por Xataka. Pero que se llegue a solicitar una pena de cárcel en unas circunstancias como estas ya merece, en mi opinión, una reflexión.

Si tiene ruedas y se puede retirar, ¿por qué tratarla como una construcción permanente?

Según la noticia, el propietario compró una finca de 3.127 m² de suelo rústico y colocó en ella una casa móvil de segunda mano. Su defensa sostiene que no tiene cimentación, está apoyada sobre ruedas y puede retirarse en cuestión de minutos. También afirma que el propietario no vivía allí y que pretendía utilizarla para guardar aperos y atender un pequeño huerto.

Es la versión de la defensa, y habrá que ver qué hechos quedan acreditados. Pero, si esas circunstancias se confirman, me parece lógico preguntarse: ¿debería recibir el mismo tratamiento una instalación realmente móvil que una vivienda construida y fijada al terreno?

Para mí, no.

Una casa de obra transforma una parcela de una manera muy distinta a un elemento que conserva sus ruedas, no tiene cimentación y puede retirarse. Creo que esa diferencia debería tener un peso real en la normativa, no quedar relegada a un detalle sin importancia.

No estoy diciendo que cualquier cosa con ruedas deba poder colocarse en cualquier sitio. Estoy diciendo que la movilidad efectiva, el uso real y el impacto sobre el terreno deberían importar.

Proteger el territorio no debería significar complicarlo todo

Entiendo que los ayuntamientos deben controlar los usos del suelo. Nadie quiere que el campo se convierta en una urbanización improvisada ni que se dañen espacios protegidos.

Pero una cosa es proteger el territorio y otra aplicar una respuesta que no distinga suficientemente entre situaciones diferentes.

No me parece comparable levantar una vivienda permanente, con sus obras e instalaciones, a colocar un elemento móvil que, según sostiene su propietario, ni siquiera se utiliza para vivir. Antes de recurrir a medidas tan graves, considero que debería examinarse con especial cuidado qué se ha hecho, qué daño existe y si puede corregirse mediante la retirada.

La proporcionalidad también debería formar parte del urbanismo.

Y sí, también hay que hablar del afán recaudatorio

Hay una cuestión que me genera bastante desconfianza: la facilidad con la que cualquier iniciativa del propietario acaba rodeada de permisos, trámites y costes.

A veces tengo la impresión de que, para los ayuntamientos, la respuesta a todo pasa por exigir otro papel y otro pago. Y esa forma de gestionar alimenta la sensación de que recaudar pesa más que facilitar soluciones razonables.

No tengo elementos para afirmar que esa sea la motivación del Ayuntamiento de Casabermeja en este caso. Además, la petición de prisión procede de la Fiscalía, no del ayuntamiento. Pero eso no impide cuestionar un sistema en el que al ciudadano le cuesta distinguir dónde termina la protección del territorio y dónde empieza una burocracia excesiva.

Si una administración exige una autorización, debería explicar con claridad qué está protegiendo y por qué esa exigencia resulta necesaria. No basta con que el propietario termine pagando: el control debe tener una justificación comprensible.

Lo que yo considero razonable no es lo que establece hoy la jurisprudencia

Aquí hay un matiz que no quiero esconder: tener ruedas no exime automáticamente de obtener una licencia urbanística.

El Tribunal Supremo ha establecido que las mobile homes pueden asimilarse a casas prefabricadas a estos efectos, aunque conserven cierta capacidad de movimiento. Su criterio atiende a su diseño y finalidad como alojamiento, no únicamente a que puedan transportarse.

Esa es la interpretación jurídica actual. Mi opinión es que debería existir una distinción más clara entre una instalación destinada a permanecer como vivienda y un elemento verdaderamente móvil, sin cimentación y con un uso diferente.

Defender que la norma debería cambiar no significa que podamos ignorar la que está vigente. Por eso, quien esté pensando en comprar una parcela y colocar una casa móvil debería consultar previamente qué permite el suelo y qué autorizaciones necesita. Confiar solo en que tiene ruedas puede acabar saliendo muy caro.

Menos automatismos y más sentido común

Ser propietario de un terreno no da derecho a hacer cualquier cosa en él. Eso lo entiendo perfectamente. Pero tampoco debería llevarnos a aceptar sin discusión cualquier restricción o cualquier respuesta sancionadora.

Lo que pido es una regulación que distinga, que valore el impacto real y que permita corregir situaciones sin convertir cada conflicto en un problema de enormes consecuencias.

Si una instalación es realmente móvil, no está cimentada y puede retirarse, considero que no debería tratarse sin más como una vivienda fija. Y si, además, no se utiliza como residencia, ese hecho debería valorarse con rigor.

Proteger el territorio es necesario. Pero protegerlo con sentido común, transparencia y proporcionalidad también lo es.

Porque entre permitirlo todo y pedir cárcel debería haber espacio para una solución razonable.

Fuentes: noticia de Xataka y comunicación oficial del Tribunal Supremo sobre las casas móviles y la licencia urbanística.