La batalla por el alquiler turístico: ¿derechos de los vecinos o intereses del Gobierno?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a poner en el punto de mira el conflicto creciente entre propietarios que alquilan viviendas para uso turístico y comunidades de vecinos que intentan poner freno a esta práctica. El tribunal ha rechazado la petición de una comunidad que pretendía prohibir el uso turístico de dos pisos en su edificio, pese a las quejas reiteradas por ruidos, desperfectos y tránsito constante de personas desconocidas.

Lo preocupante no es solo la resolución judicial, sino lo que representa: una grieta más en un sistema legal que, lejos de proteger de forma clara a los residentes habituales, se enreda en contradicciones generadas por normativas mal diseñadas o imposibles de aplicar eficazmente. Y es aquí donde el papel del actual gobierno merece una reflexión más profunda.

¿Legislar para quién?

El Gobierno ha promovido una batería de reformas con las que afirma querer “proteger el derecho a la vivienda”. Entre ellas, la eliminación de las polémicas Golden Visa (que permitían a extranjeros obtener residencia comprando inmuebles de alto valor), y la reciente reforma que permite a las comunidades de propietarios vetar los alquileres turísticos si lo acuerdan por mayoría cualificada (60%).

En teoría, esta última medida iba a empoderar a los vecinos frente al auge del turismo descontrolado en edificios residenciales. Pero ¿qué pasa cuando los tribunales, como en este caso, interpretan que el uso turístico no altera «de forma notoria» el disfrute de la propiedad?

Estamos ante una ley que, aunque parece proteger a los residentes, choca de frente con la interpretación judicial y deja en el aire la verdadera capacidad de decisión de las comunidades. ¿Para qué se promulga una ley que luego no se puede hacer cumplir? ¿No estamos generando una falsa sensación de control mientras se perpetúan los mismos problemas?

Turismo vs. convivencia: una dicotomía mal resuelta

No se puede negar que el alquiler turístico genera ingresos para muchos propietarios, especialmente en zonas costeras como Torrox, Nerja o Frigiliana, pero esta actividad no puede desarrollarse a costa del bienestar de quienes viven todo el año en esas comunidades.

Los casos de vecinos que sufren ruidos a altas horas, inseguridad en los portales, rotura de ascensores y espacios comunes maltratados no son anecdóticos. Son la norma en muchas fincas donde conviven viviendas turísticas con viviendas familiares.

Y aquí es donde el gobierno falla: intenta regular lo que debería haber prevenido hace años, con medidas más ambiciosas de planificación urbana, con incentivos fiscales y seguridad jurídica que ampare al propietario que quiera poner su vivienda en alquiler residencial de larga duración y, sobre todo, con un marco jurídico claro que respalde verdaderamente a las comunidades de vecinos.

¿Quién protege de verdad el derecho a la vivienda?

Se habla mucho del “derecho a la vivienda”, pero ¿quién lo garantiza? El Estado impulsa leyes que suenan bien en titulares, pero no siempre tienen una aplicación realista. Las comunidades se ven desprotegidas, los propietarios están confundidos, y los inversores legales también quedan en tierra de nadie.

Mientras tanto, el problema de fondo —la falta de vivienda accesible, la especulación y la turistificación de zonas residenciales— sigue sin resolverse.

Conclusión

La sentencia de Madrid no solo desarma a una comunidad de vecinos que buscaba proteger su espacio, sino que también deja en evidencia las limitaciones de una legislación que no aterriza en la realidad. Si el objetivo del gobierno es frenar el abuso del alquiler turístico y garantizar el acceso justo a la vivienda, deberá actuar con más firmeza, coherencia y respeto por los derechos vecinales.