Vivienda a golpe de decreto: la «urgencia» que llega demasiado tarde y demasiado «deprisa»

El Gobierno vuelve a presentar la vivienda como una prioridad nacional. Esta vez, con una batería de medidas aprobadas con la urgencia propia de una crisis: limitación de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, prórrogas de contratos de alquiler, congelación de rentas y nuevas reglas para el alquiler de temporada, las habitaciones y los pisos turísticos.

Sobre el papel, el mensaje es claro: proteger a los inquilinos y responder a un problema que expulsa a miles de personas del acceso a una vivienda digna. El problema no es reconocer la gravedad de la situación. El problema es la forma en que se pretende resolver.

Cuando un asunto verdaderamente esencial se regula mediante decretos negociados hasta el último minuto, anunciados con precipitación y enviados al Congreso para una convalidación urgente, cabe preguntarse si estamos ante una política pública seria o ante una operación de supervivencia política.

La vivienda no admite improvisación. Afecta a familias, propietarios, pequeños ahorradores, inquilinos, promotores, bancos, comunidades de vecinos y ayuntamientos. Cambiar las reglas de juego con prisas, sin un respaldo parlamentario sólido y sin la seguridad de que las propias medidas vayan a tener continuidad, no genera confianza: genera incertidumbre.

Y esa incertidumbre tiene consecuencias. Si un propietario no sabe si podrá recuperar su vivienda en caso de necesidad, si podrá actualizar una renta de acuerdo con sus costes o si un contrato puede transformarse de facto en indefinido, muchos optarán por retirar el inmueble del mercado. Otros elevarán las garantías exigidas. Otros, simplemente, no alquilarán. El resultado puede ser exactamente el contrario del que se anuncia: menos oferta, más dificultad de acceso y precios más altos para quienes buscan una vivienda.

Es difícil entender que el mismo Gobierno que presenta estas medidas como imprescindibles las impulse sin un acuerdo político amplio, sin contar con el primer partido de la oposicion, que garantice su estabilidad. Si se considera que prohibir desahucios durante años, prorrogar alquileres o intervenir precios es la respuesta adecuada, ¿por qué aprobarlo a toda velocidad y con la incertidumbre de si será convalidado? ¿Por qué no sentarse, negociar y construir una política de vivienda duradera, coherente y respaldada por una mayoría suficiente?

La sensación es que no se está gobernando la vivienda, sino administrando el titular del día.

Porque una política de vivienda creíble no puede basarse únicamente en impedir, congelar o prorrogar. Debe aumentar de forma real la oferta de vivienda asequible; agilizar licencias y planeamientos; dar seguridad jurídica a quien alquila y a quien pone una vivienda en alquiler; movilizar suelo; facilitar la construcción de vivienda protegida y pública; y establecer ayudas eficaces para quienes verdaderamente las necesitan.

Proteger a las personas vulnerables es una obligación moral y política. Pero convertir esa protección en una norma general, indefinida o mal diseñada puede trasladar toda la carga a particulares que, en muchos casos, no son grandes fondos ni actores especulativos, sino familias que dependen de una renta de alquiler para complementar su jubilación o sostener su economía.

El debate no debería ser propietario contra inquilino. Debería ser cómo conseguir que haya más viviendas disponibles, más seguridad para todas las partes y más oportunidades para quienes hoy no pueden emanciparse, alquilar o comprar.

Por eso resulta legítimo preguntarse si este despliegue de urgencia responde a una estrategia de vivienda o a una necesidad de ocupar la agenda pública. En un momento en el que el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente están sometidos a una fuerte presión política y judicial, y mientras otros asuntos de máxima tensión reclaman atención pública, estas medidas permiten recuperar un terreno discursivo favorable: el de la defensa de quienes sufren el problema del alquiler.

Pero gobernar no consiste en cambiar de conversación. Consiste en resolver problemas.

La vivienda merece algo más que decretos apresurados, anuncios grandilocuentes y medidas cuya permanencia depende de negociaciones de última hora. Merece una política seria, estable y eficaz. Una política que no busque solo ganar el relato de una semana, sino hacer posible que dentro de cinco o diez años haya más hogares con acceso real a una vivienda.