Bruselas abre una puerta peligrosa: cuando comprar una propiedad deja de ser un derecho y pasa a depender del permiso de un político

La crisis de vivienda exige respuestas. Más vivienda, más suelo disponible, menos burocracia, seguridad jurídica y políticas que hagan posible construir y rehabilitar. Pero lo que Bruselas acaba de poner sobre la mesa puede conducirnos exactamente en la dirección contraria: a que la Administración decida quién puede comprar una vivienda, dónde y con qué finalidad.

El borrador del denominado Affordable Housing Act no impone una prohibición general de compra. Pero sí contempla que, en zonas declaradas bajo presión habitacional, las autoridades puedan restringir la adquisición o el uso de segundas residencias y suelo que no se destine a vivienda habitual. Eso sí: con requisitos de proporcionalidad, justificación y revisión. Sobre el papel, son salvaguardas. En la práctica española, pueden convertirse en la coartada perfecta para extender la intervención.

Y ahí está el riesgo real.

La ministra de Vivienda ya ha celebrado la supuesta influencia de la política española en el planteamiento europeo. Es difícil no interpretar ese entusiasmo como una señal de intenciones: si Europa habilita un marco, el Gobierno podrá presentarlo como mandato comunitario —aunque no lo sea— para avanzar en nuevas restricciones sobre la propiedad y la compraventa.

No hablamos solo de pisos turísticos. Ese debate merece regulación seria, diferenciada y basada en datos. Hablamos de algo mucho más profundo: del precedente de que el poder público pueda decidir que una vivienda que quieres comprar no merece ser tuya porque no encaja en el uso que la Administración considera prioritario.

Hoy se empieza por la segunda residencia en una zona “tensionada”. Mañana, ¿qué impide ampliar el concepto? ¿Quién determina qué municipio está tensionado, durante cuánto tiempo y bajo qué métricas? ¿Quién garantiza que una restricción inicialmente excepcional no termine siendo una política permanente? Cuando se normaliza que comprar una vivienda depende de una autorización política, la propiedad privada deja de ser un derecho sólido para convertirse en una concesión revocable.

El daño al sector inmobiliario sería inmediato. La inversión se detiene cuando las reglas cambian cada legislatura, cada ayuntamiento o cada declaración administrativa. Promotores, propietarios, ahorradores, pequeños inversores y compradores necesitan certidumbre. Sin ella, hay menos operaciones, menos financiación, menos rehabilitación y, sobre todo, menos oferta.

Y menos oferta significa precios más altos. Justo lo contrario de lo que se dice perseguir.

La vivienda no se abarata prohibiendo a unos comprar, restringiendo usos o castigando a quien invierte. Se abarata construyendo más. Se abarata liberando suelo, agilizando licencias, eliminando trabas, colaborando con el sector privado y dando estabilidad a quien pone viviendas en el mercado.

Limitar por ley la adquisición de vivienda puede sonar popular en un titular. Pero no crea ni una sola casa. No reduce por sí mismo el coste de construcción. No desbloquea suelo. No acelera licencias. No soluciona el déficit estructural de oferta.

Lo que sí hace es enviar un mensaje devastador: en España, tu derecho a comprar y disfrutar de tu propiedad puede depender de la voluntad cambiante de un Gobierno o de un ayuntamiento.

Si Bruselas aprueba esta vía y el Gobierno español la utiliza como paraguas para restringir legalmente la compra de vivienda, estaremos ante un golpe gravísimo a la confianza en el mercado inmobiliario. Y cuando se destruye esa confianza, no solo pierde el sector: pierden las familias, los ahorradores y todos aquellos que todavía aspiran a tener una casa en propiedad.

Porque la vivienda no se defiende debilitando la propiedad privada. Se defiende haciendo posible que haya más vivienda para todos.

Basado en la información publicada por idealista/news y The Objective. La propuesta descrita sigue en fase de tramitación y no establece una prohibición general de compra.