¿Hasta cuándo vamos a mirar hacia otro lado? Las Administraciones y la bomba social de la vivienda

¿Hasta cuándo vamos a mirar hacia otro lado? Las Administraciones y la bomba social de la vivienda

La situación del acceso a la vivienda en España no es ya una preocupación. Es una emergencia. Y lo más grave no es que se haya llegado hasta aquí, sino que quienes tienen la capacidad de actuar siguen paralizados por la ideología, la burocracia y la falta de voluntad política, y porque no decirlo, la ineptitud y la falta de miras al futuro.

¿Dónde está la administración cuando más falta hace? Las advertencias son claras y unánimes: promotoras, bancos, portales inmobiliarios, expertos y hasta el propio sector financiero llevan años avisando de que la falta de suelo, el alto coste en impuestos y tasas, y la imposibilidad de construir vivienda asequible está llevando al país a un estallido social en cuestión de pocos años. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios siguen enredados en promesas vacías, planes de futuro y medidas de maquillaje que llegan tarde y mal, además de empeorar el panorama donde sus medidas se implantan.

Un cuello de botella legislativo fabricado por la propia Administración

La situación actual tiene responsables con nombres y apellidos. El mercado inmobiliario está atrapado en una red de leyes mal planteadas, normativas ideologizadas y bloqueos legislativos que impiden que la oferta de vivienda crezca al ritmo que la sociedad necesita. Mientras se constituyen entre 200.000 y 300.000 nuevos hogares al año, apenas se terminan 97.000 viviendas nuevas. El desfase es insostenible. Si a ello unimos que gran parte de ese nuevo parque de viviendas está en la costa y está destinado a segunda vivienda o de uso turistico, el problema es gigante y todos parecen mirar hacia otro lado.

Y mientras tanto, el Ejecutivo presume de PERTEs, de fondos europeos y de medidas teóricas que no llegan a transformar la realidad. El famoso PERTE de la construcción industrial, anunciado a bombo y platillo, promete 15.000 viviendas anuales en diez años. ¿De verdad creen que eso resolverá el déficit estructural de 700.000 viviendas acumulado desde hace un lustro?

La Ley de Vivienda: ideología contra sentido común

La llamada “Ley de Vivienda”, impulsada como bandera política del Gobierno, ha cosechado el rechazo frontal de gran parte de las comunidades autónomas y ha sembrado más inseguridad jurídica que soluciones. En lugar de incentivar la construcción de vivienda asequible, ha desincentivado la inversión privada y ha provocado un efecto de retracción en los promotores que hoy prefieren no construir antes que enfrentarse a un entorno hostil y lleno de incertidumbre.

Todo esto en un contexto donde el precio medio de la vivienda sube un 12,2% en el primer trimestre de 2025, el mayor incremento en casi dos décadas. En ciudades dormitorio los pisos se han duplicado en apenas cinco años. ¿Cómo pretende el Gobierno que una familia joven compre vivienda si se le exige un 30% de entrada en ahorros y el alquiler se lleva más del 38% de sus ingresos?

El dinero está. La demanda existe. Lo que falla es la Administración en general.

Lo más sangrante es que no faltan inversores, ni demanda, ni financiación. Lo que falta es política con mayúsculas. Desde el sector se exige liberar suelo, recortar trámites, bajar impuestos y tasas y dar seguridad jurídica a la construcción. Pero lo único que hace el Ejecutivo es obstaculizar, grabar con más impuestos y seguir incrementando el peso de la administración en el precio final de la vivienda. Además de culpar a inversores y promotores, sin mirar hacia la propia administración y su falta de agilidad y prevision de futuro, para solucionar nada.

Hasta un 30% del coste de una vivienda nueva en España son tasas, licencias e impuestos. Una losa que ningún “PERTE” puede compensar.

España trabaja 51 días más para pagar impuestos desde que gobierna Sánchez

Por si fuera poco, el Estado no para de aumentar su recaudación a costa de los ciudadanos. Según los últimos datos, los españoles trabajan ahora 51 días más al año solo para pagar impuestos en comparación con 2018. Es una situación que lastra a la clase media y excluye de facto a miles de familias del acceso a una vivienda digna.

Conclusión: una bomba social con temporizador activado

La administración, no puede seguir culpando a los “fondos buitre”, al “capitalismo especulador” o a los propietarios particulares de un problema que ellos mismos han creado. Si no se actúa ya —liberalizando suelo, simplificando licencias, bajando impuestos y tasas y facilitando la inversión privada— nos enfrentaremos a un estallido social inevitable, con generaciones enteras condenadas al alquiler precario o a vivir eternamente con sus padres.

La vivienda no es un lujo. Es un derecho. Y las administraciones, están fracasando estrepitosamente en garantizarlo.