La Cancelación de la Plusvalía Municipal 2026 un Alivio momentaneo al infierno fiscal que supone comprar vivienda

La reciente cancelación de la subida de la plusvalía municipal para 2026, tras la no convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso, ha sido recibida como un alivio momentáneo para muchos. Sin embargo, al analizar con detenimiento la situación, la preocupación crece: esta medida no es más que un parche temporal en un sistema fiscal que sigue asfixiando el acceso a la vivienda en España.

El Gobierno y sus socios de coalición parecen estar propiciando, consciente o inconscientemente, un escenario donde la compra de vivienda se convierte en una tarea cada vez más inaccesible para la mayoría. La plusvalía municipal, con su posible incremento de hasta un 40%, habría sido solo una más de las muchas cargas fiscales que gravan la adquisición y transmisión de inmuebles. Pero no olvidemos que esta no es una cuestión aislada: el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los gastos notariales, registrales y otras tasas conforman un laberinto impositivo que eleva el coste final hasta niveles prohibitivos.

Que el Congreso haya rechazado la subida no debe llevarnos a la complacencia. La realidad es que la presión fiscal sobre la vivienda es estructural y persistente. La suspensión de esta subida específica no soluciona el problema de fondo, sino que deja al descubierto la inseguridad jurídica y la voracidad recaudatoria que sufren los ciudadanos. La posibilidad de reclamar lo pagado en exceso es un gesto necesario, pero insuficiente para compensar el daño que esta incertidumbre genera en el mercado y en las familias.

Lo más preocupante es el impacto real que esta fiscalidad tiene en la vida de las personas. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no pueden mejorar su calidad de vida, y un mercado inmobiliario bloqueado por la acumulación de impuestos que actúan como barreras insalvables. Cada euro destinado a pagar impuestos es un euro menos para la entrada de la hipoteca, para el mantenimiento del hogar o para otros gastos básicos.

El Gobierno y sus socios deben entender que la vivienda no puede ser tratada como un simple recurso para la recaudación. Es un derecho fundamental y una necesidad básica. La política fiscal debe orientarse a facilitar el acceso a la vivienda, no a convertirla en un lujo reservado para unos pocos privilegiados.

Es urgente una reforma fiscal profunda que elimine duplicidades, reduzca la carga impositiva y aporte seguridad jurídica a los compradores y vendedores. Mientras tanto, cada intento de incrementar impuestos, aunque sea temporalmente paralizado, representa un obstáculo más en el camino hacia un mercado inmobiliario justo y accesible.

En definitiva, la cancelación de la subida de la plusvalía municipal es solo un respiro pasajero. El paciente, que es el mercado de la vivienda y las familias que buscan un hogar, sigue en la UCI, asfixiado por una fiscalidad que no da tregua. Y mientras el Gobierno y sus socios no tomen medidas reales y estructurales, esta situación seguirá deteriorándose, alejando cada vez más el sueño de la vivienda propia para muchos españoles.