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Vivienda: ocho años para gobernar y un decreto de última hora para hacer campaña

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Lo aprobado ahora refuerza la impresión de que estamos ante un intento desesperado de hacer campaña electoral con un problema que exigía soluciones mucho antes, no titulares en el último minuto.

La Diputación Permanente ha convalidado uno de los decretos de vivienda y ha rechazado el que planteaba los alquileres indefinidos. La votación llega después de que el Gobierno volviera a aprobar unos textos previamente rechazados por el Congreso y en vísperas de la campaña electoral.

El calendario no demuestra por sí solo una intención electoralista. Pero, políticamente, mi lectura es clara: después de ocho años en el poder, presentar otra intervención urgente como la gran respuesta a la crisis de la vivienda resulta muy poco creíble.

Han tenido tiempo para impulsar reformas, buscar acuerdos y construir una política de vivienda estable. Que ahora pretendan presentarse como recién llegados a un problema sobre el que llevan años teniendo responsabilidades, suena a broma pesada.

No se puede gobernar permanentemente a golpe de emergencia

La vivienda requiere planificación a largo plazo. Necesita suelo disponible, rehabilitación, construcción, un parque público suficiente y reglas que permitan tomar decisiones con confianza, pero sobre todo voluntad.

Un decreto puede atender una urgencia concreta. Lo que no puede hacer es sustituir una política sostenida durante años.

Por eso me parece especialmente cuestionable que el debate vuelva a concentrarse en limitar, prorrogar e intervenir contratos, mientras la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿cómo conseguimos que haya más viviendas disponibles donde la gente necesita vivir?

Anunciar protección es sencillo. Diseñar un sistema que proteja sin desincentivar la oferta exige bastante más trabajo y menos propaganda.

Proteger al inquilino no debería significar enfrentarle al propietario

Me niego a aceptar que este debate tenga que plantearse como una lucha entre propietarios e inquilinos.

Quien alquila necesita estabilidad, condiciones razonables y protección frente a los abusos. Quien pone una vivienda en alquiler necesita cobrar lo pactado, conservar su inmueble y disponer de mecanismos eficaces cuando existe un incumplimiento.

Ambas cosas son compatibles. Más aún: deberían ser inseparables.

La noticia recoge medidas como la ampliación de la protección frente a determinados desahucios hasta 2030 y prórrogas extraordinarias para determinados contratos. También menciona compensaciones a propietarios y mecanismos de intervención de la Administración. La cuestión no es solo qué promete la norma, sino si esos mecanismos van a funcionar de forma ágil, suficiente y efectiva.

La vulnerabilidad merece una respuesta pública. Pero esa respuesta no debería descansar sobre la capacidad económica, la paciencia o el patrimonio de un propietario particular.

Si la Administración quiere garantizar una alternativa habitacional, debe asumir su responsabilidad con recursos y soluciones, no limitarse a prolongar una situación que otra persona tiene que soportar.

El riesgo es proteger a quienes ya están dentro y dificultar la entrada a los demás

Una política de alquiler no puede valorarse únicamente por lo que ocurre con los contratos actuales. También hay que pensar en quienes todavía buscan vivienda.

¿Qué sucede con el joven que quiere emanciparse? ¿Con la familia que necesita mudarse? ¿Con quien cambia de ciudad por trabajo?

Mi preocupación es que unas condiciones percibidas como más inciertas lleven a algunos propietarios a retirar su vivienda del alquiler o a exigir mayores garantías. No significa que todos vayan a hacerlo ni que una sola norma explique la evolución de todo el mercado. Significa que ese riesgo debe evaluarse con seriedad, no descartarse porque resulte incómodo para el discurso político.

La noticia recoge precisamente advertencias del sector sobre el deterioro de la oferta. Merecen análisis y contraste, no una descalificación automática.

Si se dificulta la incorporación de viviendas al mercado, quienes buscan entrar pueden terminar pagando las consecuencias de unas medidas presentadas en su nombre.

No todo vale por llevar la etiqueta de «social»

El decreto incluye también, según la información publicada, incentivos fiscales, financiación y medidas relacionadas con la vivienda pública y asequible. No voy a rechazar una iniciativa útil simplemente porque proceda de un Gobierno con el que discrepo.

Pero tampoco voy a dar por buena una política entera porque incorpore algunas medidas defendibles.

Las ayudas a la compra, por ejemplo, deben valorarse junto con la capacidad de aumentar la oferta. Facilitar financiación puede ayudar a determinados compradores; por sí solo, no hace aparecer nuevas viviendas.

Y ampliar el parque público exige ejecución, plazos y resultados comprobables. No basta con anunciarlo.

Ocho años después, lo que corresponde es rendir cuentas

Como agente inmobiliario, rechazo un enfoque que convierte una y otra vez al propietario y al mercado privado en el centro del reproche, mientras la responsabilidad política parece diluirse entre anuncios y nuevas restricciones.

No atribuyo todos los problemas de vivienda a una única Administración: existen responsabilidades estatales, autonómicas y municipales. Pero esa complejidad no puede servir de excusa para que el Gobierno eluda el balance de sus propios ocho años.

Mi balance es profundamente negativo. Considero que su enfoque ha contribuido a deteriorar la confianza y el funcionamiento del mercado, en lugar de crear las condiciones necesarias para ampliarlo y facilitar el acceso.

Por eso veo esta operación de última hora como un intento de hacer campaña con la vivienda, no como el cambio de rumbo que necesitamos.

España necesita más viviendas, más seguridad jurídica y una protección social que funcione. No otra campaña electoral disfrazada de solución habitacional.

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Israel Huertas Salazar

Inmobiliaria en Torrox. Ofrezco un trato personalizado y una contrastada experiencia como intermediario en la compraventa de inmuebles de todo tipo, oportunidades y grandes inversiones inmobiliarias, en diversas ubicaciones, tanto en Torrox, como Nerja, Frigiliana, Torre del Mar… y gran parte del territorio andaluz. Como broker inmobiliario, colaboro en red con todas las inmobiliarias y empresas promotoras y puedo conseguir la propiedad de su interés.