El Tribunal Constitucional blinda el “tasazo” de Hacienda, ¿se ha salido Montero con la suya y lo ha arreglado en un fin de semana?

Lo que muchos temíamos ha ocurrido. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido dar su bendición al polémico valor de referencia del Catastro, ese invento de Hacienda que, desde 2022, dicta cuánto debemos pagar por impuestos tan dolorosos como el ITP (compra de vivienda) o el de Sucesiones y Donaciones.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía intentó frenarlo por considerarlo una vulneración del principio de capacidad económica —básicamente, porque el Catastro valora casas sin haber puesto un pie en ellas—, el Constitucional ha mirado hacia otro lado. Según el fallo, este método es “razonable y objetivo”, aunque (y aquí está la trampa) no coincida con el precio real que pagas por la casa.

Una victoria de la burocracia sobre el sentido común

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, justifica este sistema bajo el paraguas de la “simplificación administrativa” y la “seguridad jurídica”. Traducido al lenguaje de la calle: es más cómodo para la Administración cobrarte basándose en un algoritmo que enviar a un perito a comprobar si tu casa tiene humedades, si la cocina se cae a trozos o si las ventanas son de hace cuarenta años.

El tribunal admite que el sistema ignora el estado de conservación real de cada inmueble, pero lo considera válido porque es un “sistema abierto” que permite al contribuyente quejarse… eso sí, después de haber pasado por caja.

La trampa de la carga de la prueba: ¿Quién paga el pato?

Aquí es donde la crítica se vuelve necesaria. Los expertos denuncian que esta sentencia se pone descaradamente del lado de la Administración. Con este sistema, Hacienda ha logrado esquivar la doctrina del Supremo que antes les obligaba a visitar los inmuebles. Ahora, la pelota está en tu tejado:

1. Tú pagas primero: Si compras por 300.000 € pero el Catastro dice que vale 500.000 €, tributas por 500.000 €.
2. Tú demuestras el error: Si quieres reclamar, te toca contratar a un arquitecto, pagar un informe pericial y meterte en un proceso legal que, en muchos casos, cuesta más que el ahorro fiscal que buscas.

Es, en la práctica, un sistema que disuade al pequeño contribuyente de defender sus derechos.

Un desastre para el mercado inmobiliario

Este valor de referencia es un “mínimo” infranqueable. Si compras barato porque la casa necesita una reforma integral, a Hacienda no le importa: pagarás como si estuviera nueva. Esto genera situaciones absurdas donde dos pisos en el mismo bloque tienen el mismo valor fiscal a pesar de que uno sea un lujo y el otro una ruina.

Incluso para los vendedores es un problema: si tu casa tiene un valor de referencia inflado, el comprador tendrá que pagar más impuestos, lo que probablemente le lleve a exigirte una rebaja en el precio de venta. Un castigo fiscal que distorsiona el mercado real.

¿Qué nos queda a los contribuyentes?

Que el Constitucional diga que es “legal” no significa que el valor asignado a tu casa sea “correcto”. La vía judicial sigue abierta, pero la estrategia ha cambiado. Ya no basta con decir que es injusto o inconstitucional; ahora hay que “hablar el idioma del Catastro”.

Para ganar esta batalla, la recomendación de los expertos es clara:

• Actas notariales con fotos: Para que quede constancia del estado real de deterioro.
• Informes técnicos especializados: No basta con una tasación comercial; hay que detectar los errores técnicos en la base de datos del Catastro.
  Impugnación preventiva: Si vas a vender, revisa el valor antes para corregir errores de superficie o antigüedad.

En definitiva, nos enfrentamos a una Administración que prefiere la estadística a la realidad, y a un Tribunal, que ya sabemos quien controla, que le ha dado el visto bueno. El valor de mercado ha muerto en los despachos de Hacienda; ahora lo que cuenta es lo que diga el algoritmo, a menos que estés dispuesto a pelear por cada euro.